Después de casi cinco años de debates y expectativas, Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú el 29 de agosto de 2024, marcando un paso importante en la defensa de los derechos ambientales en el país. Este tratado, que fue adoptado en 2018 y entró en vigor en 2021, es el primero en América Latina y el Caribe que se centra en la protección de los derechos ambientales, con especial atención a la protección de los defensores del medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú también promueve el acceso público a la información ambiental, permitiendo a las comunidades afectadas conocer los impactos de los proyectos en sus territorios. Asimismo, garantiza la participación ciudadana en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia en casos de daño ambiental.
Un largo camino a la ratificación
Colombia fue uno de los países que participó activamente en la negociación del Acuerdo de Escazú, pero su ratificación se retrasó en el Congreso debido a diversos factores políticos y económicos. A pesar de la presión internacional y de las organizaciones locales, la firma se postergó por años. Finalmente, el 29 de agosto de 2024, el país decidió adherirse oficialmente al tratado, enviando un mensaje claro sobre la importancia de la protección de los recursos naturales y los derechos de las comunidades afectadas.
Implicaciones para Colombia
La ratificación del acuerdo llega en un contexto crítico, ya que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales. Según informes recientes, en los últimos años, decenas de líderes ambientales han sido asesinados por su labor en la defensa de la tierra y los recursos naturales frente a proyectos extractivos. Este tratado compromete al gobierno a implementar medidas para proteger a estas personas, garantizar su seguridad y brindarles apoyo legal en caso de amenazas o violencia.
Además, el tratado exige al país mejorar la transparencia en la gestión de los recursos naturales y garantizar que las comunidades afectadas puedan participar activamente en las decisiones sobre proyectos mineros, agrícolas, y de infraestructura que puedan afectar sus territorios.
Conclusión:
La firma del Acuerdo de Escazú por parte de Colombia es un avance significativo en la protección de los derechos ambientales. Sin embargo, el verdadero desafío reside en la implementación efectiva del tratado, especialmente en un país donde los defensores del medio ambiente enfrentan altos niveles de riesgo. La participación activa de la sociedad civil, las instituciones del Estado y la comunidad internacional será clave para que los compromisos adquiridos se traduzcan en un cambio real y tangible en el terreno.